La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y en el Valle de Punilla no es la excepción. La falta de recursos, la escasez de patrulleros y la reducida presencia policial generan un ambiente de vulnerabilidad constante. Pero más allá de ser un problema a resolver, la inseguridad también se ha convertido en una herramienta política. Los gobiernos, lejos de tomar medidas efectivas para combatir el delito, han aprendido a capitalizar el miedo de la población, convirtiéndolo en un recurso clave para sus campañas electorales y su permanencia en el poder.
El miedo como estrategia electoral
En cada ciclo electoral, el discurso político se llena de promesas de mayor seguridad, patrullaje y combate a la delincuencia. Sin embargo, las medidas reales suelen ser superficiales o temporales, diseñadas para generar la sensación de acción sin abordar las causas profundas del problema.
Algunas estrategias comunes incluyen:
- El aumento simbólico de patrulleros: Antes de las elecciones, se anuncian operativos y refuerzos policiales que desaparecen poco después.
- Discursos alarmistas: Se exagera la percepción de inseguridad para justificar medidas de control que benefician a determinados sectores.
- Señalamiento de culpables: Se crea un enemigo (como la oposición, sectores marginales o críticos del sistema) para desviar la atención de la falta de políticas efectivas.
- Promoción de «soluciones rápidas»: Se venden medidas como el endurecimiento de penas o el uso de tecnología sin inversiones reales en prevención y desarrollo social.
Zonas liberadas y el negocio de la seguridad privada
Uno de los fenómenos más evidentes en el Valle de Punilla es la proliferación de sistemas de prevención y seguridad privada en zonas donde el Estado se ha retirado de manera intencional.
Las «zonas liberadas» se crean cuando la presencia policial disminuye o se vuelve ineficiente de forma deliberada. Esto provoca un aumento en los delitos menores, la percepción de peligro se incrementa y los ciudadanos comienzan a buscar soluciones alternativas. En este contexto, aparecen empresas o soluciones privadas que ofrecen desde alarmas comunitarias hasta monitoreo por cámaras y rondines de seguridad, como «Ojos en Alerta», «Seguridad Vecinal» y «Seguridad Ciudadana». Estas empresas proliferan en un ambiente donde el Estado se desentiende de su responsabilidad y los vecinos, desesperados por la falta de respuestas oficiales, aceptan sin reclamo alguno que se implementen estas «soluciones» pagas que se cobran en los impuestos..
El resultado es un mercado saturado de «soluciones de seguridad» que no abordan el problema de fondo. Entre los efectos negativos de esta situación están:
- Sensación de inutilidad: Los ciudadanos sienten que, a pesar de sus esfuerzos, la seguridad sigue dependiendo de terceros que lucran con su miedo.
- Desigualdad en la protección: Quienes pueden pagar sistemas privados se sienten más seguros, mientras que los sectores más vulnerables quedan expuestos.
- Falsa sensación de control: La instalación de alarmas y cámaras puede disuadir ciertos delitos, pero no reemplaza la ausencia de un plan de seguridad integral.
El engaño de las centrales de monitoreo
Otra estrategia política común en la región es la promesa de centrales de monitoreo que nunca llegan a funcionar plenamente. Un ejemplo claro se encuentra en Valle Hermoso, donde se han anunciado reiteradamente sistemas de videovigilancia que nunca se implementan o funcionan a medias.
- Promesas incumplidas: Se presentan proyectos de seguridad con grandes anuncios, pero las cámaras no se instalan, quedan fuera de servicio o no tienen el personal necesario para su operación.
- Falta de inversión real: En muchos casos, los fondos asignados a estos sistemas de vigilancia no se utilizan de manera transparente, quedando en la nebulosa de la burocracia política.
- Efecto placebo: La idea de que hay cámaras vigilando genera una falsa sensación de seguridad, cuando en realidad muchas de ellas están inactivas o no cuentan con una respuesta policial eficiente.
Zonas liberadas para generar miedo y control político
Uno de los aspectos más preocupantes de la política del miedo en el Valle de Punilla es la creación intencional de zonas sin control. Municipios enteros quedan desprotegidos por la falta de patrullaje y la inacción estatal, generando una percepción de inseguridad que termina beneficiando a los mismos gobiernos.
- Miedo inducido: Cuando los ciudadanos perciben un incremento en el delito, se vuelven más susceptibles a votar por candidatos que prometen «mano dura» o mayor seguridad, aunque esas promesas rara vez se cumplan.
- Deslegitimación de iniciativas vecinales: Las soluciones comunitarias y propuestas innovadoras son ignoradas o boicoteadas para mantener la dependencia en el Estado o en empresas privadas.
- Negación de recursos gratuitos: Un claro ejemplo es el rechazo de los municipios a herramientas de seguridad vecinal como la app «Vecinos en Alerta», que podría ser implementada sin costos para los municipios, pero que es descartada porque no encaja en el negocio de la inseguridad.
En lugar de trabajar con los vecinos para fortalecer la seguridad, los gobiernos locales priorizan mantener el miedo como un recurso político y económico.
El miedo como moneda de cambio
El miedo se ha convertido en un negocio lucrativo y en una herramienta política poderosa. En lugar de implementar soluciones estructurales, los gobiernos utilizan la inseguridad como un mecanismo de control social y un argumento electoral. En el Valle de Punilla, las zonas liberadas, el auge de la seguridad privada y las falsas promesas de monitoreo son prueba de cómo la falta de acción estatal beneficia a ciertos sectores mientras deja a los ciudadanos en una constante sensación de vulnerabilidad.
La pregunta clave es: ¿Seguiremos aceptando que la inseguridad sea utilizada como una estrategia de manipulación política, o exigiremos soluciones reales que devuelvan a la población el derecho a vivir sin miedo?
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